La cadena Cruz Verde fue blanco de críticas tras exigir receta médica para vender pastillas anticonceptivas. Aunque la indignación se hizo sentir en redes sociales, el Instituto de Salud Pública confirmó que la normativa así lo exige. ¿Y la autonomía reproductiva?
Una ola de reclamos se tomó las redes sociales este martes luego que usuarias denunciaran que la cadena de farmacias Cruz Verde les negó la venta de anticonceptivos orales por no presentar una receta médica. Las críticas apuntaban a un supuesto cambio arbitrario en la política de venta, que muchas interpretaron como un atentado contra el acceso libre a métodos anticonceptivos.
Pero lejos de retractarse, Cruz Verde recibió el respaldo del Instituto de Salud Pública (ISP). A través de una declaración pública, el organismo aclaró que “el expendio de anticonceptivos orales requiere receta médica retenida”, y que no se trata de una interpretación propia de la cadena, sino de una obligación legal vigente.
El tema rápidamente se convirtió en tendencia, con cientos de mujeres acusando trabas innecesarias para acceder a un medicamento que utilizan regularmente y cuya venta libre —aunque en teoría regulada— ha sido práctica habitual durante años.
Ante la consulta de The Clinic, desde Cruz Verde señalaron que simplemente están “ajustándose a lo que establece la normativa”, y recordaron que la receta médica para estos fármacos debe quedar retenida, lo que implica que cada compra exige una nueva orden.
El ISP, por su parte, reiteró que no se ha producido ningún cambio reciente en la regulación, y que las farmacias están obligadas a cumplirla. Aunque la norma existe, la aplicación estricta no había sido fiscalizada ni exigida con rigor, generando una práctica extendida de venta sin receta en gran parte del país.
El problema, como denuncian organizaciones feministas y defensoras de la salud sexual, es que esta exigencia impacta directamente en la autonomía de las mujeres, especialmente de quienes no tienen acceso inmediato a consultas médicas. La medida, advierten, puede generar discontinuidad en los tratamientos, embarazos no deseados y una mayor carga burocrática para ejercer un derecho básico.
El tema abre una discusión urgente: ¿por qué se exige receta médica para un anticonceptivo de uso masivo y comprobada seguridad, mientras se venden libremente otros fármacos de riesgo mayor?
