La propuesta de blanqueo de capitales presentada por Javier Milei ha suscitado una ola de reacciones que van desde la preocupación hasta la indignación. Según críticos del plan, esta medida no solo habilitaría la evasión y el lavado de dinero, sino que también facilitaría el ingreso de fondos ilícitos al sistema económico argentino, provenientes de actividades tan controvertidas como el narcotráfico y la trata de personas.
.
A pesar de las advertencias de jueces, exfuncionarios y expertos en criminalidad financiera, el gobierno se muestra optimista, minimizando las implicaciones de su propuesta. Revive el fantasma de la “lista gris” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), lo que sugiere que el país podría convertirse nuevamente en un refugio para el capital delictivo.
La famosa frase de Ignacio Álvarez Meyendorff, líder del Cartel del Norte del Valle, resuena ominosamente: “Vamos a hacer la fría”. En un país donde los controles se relajan y la legislación se adapta, los narcotraficantes encuentran un terreno fértil para cultivar sus negocios.
La estrategia de Milei se basa en el argumento de que el narcotráfico es un tema de seguridad, no económico. Sin embargo, equilibrios delicados se rompen cuando se permite que el crimen organizado opere sin restricciones. La propuesta de eliminar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) es, en este contexto, una invitación a los criminales a prosperar sin miedo a represalias legales.
El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, enfatiza que permitir que el dinero sucio entre al sistema sin control mina la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Si los fondos no declarados inundan la economía, se deteriora no solo el sistema judicial sino el mismo tejido social, exponiendo a la sociedad a una espiral de violencia y corrupción.
Por lo tanto, la amnistía financiera que propone Milei podría convertirse en un caos de impunidad, y una amenaza seria para la soberanía económica y la estabilidad institucional del país.
