En un fallo sin precedentes, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile decidió destituir a la senadora Isabel Allende (PS) con una votación de 8 a 2, debido a la vulneración de la norma constitucional que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. La controversia surgió a raíz de la fallida compraventa de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, la cual el Ministerio de Bienes Nacionales buscaba adquirir para convertirla en un museo.
Este evento marca un hito en la historia política del país, dado que es la primera vez que un senador es removido de su cargo por el TC. Allende, quien ha estado en el Congreso por más de 30 años representando a la Región de Valparaíso, deberá dejar su escaño anticipadamente, a pesar de que su mandato estaba programado para finalizar en 2026.
No obstante, la responsabilidad de esta situación no recae únicamente sobre la senadora. El Gobierno de Gabriel Boric apoyó la iniciativa sin considerar que se trataba de un contrato inconstitucional. La necedad del presidente y la falta de experiencia de sus asesores permitieron que la situación se convirtiera en una crisis política que podría haberse evitado.
Durante la sesión del miércoles, el TC escuchó los alegatos, tanto de los abogados de la defensa como de los reclamantes, entre ellos Emiliano García del Partido Republicano. La mayoría del tribunal, compuesta por jueces como Daniela Marzi y Nancy Yáñez, determinó que la situación representaba una grave violación a la Constitución, lejos de ser un mero error técnico.
Este escándalo pone de relieve no solo la falta de criterio político del Gobierno, sino también la decisión imprudente de Allende de seguir adelante con la operación, a pesar de su larga trayectoria legislativa. Su actuación ha suscitado duras críticas, incluso desde sectores moderados que esperaban una mayor prudencia de una figura emblemática del socialismo chileno.
