En una semana vertiginosa, el gobierno nacional dio un paso contundente hacia la privatización del Banco de la Nación Argentina (BNA) mediante el Decreto 116/2025. Este movimiento, aparentemente diseñado para retomar el control de la agenda política tras el escándalo global de la criptomoneda $LIBRA, revela además la intención del oficialismo de ceder el control de la principal entidad bancaria del país a actores privados.
El Banco de la Nación Argentina, con más de 130 años de historia, desempeña un papel fundamental en el financiamiento del sector productivo, con más de 700 sucursales repartidas por todo el país. Es uno de los principales otorgantes de crédito a pequeñas empresas, productores y familias argentinas, cumpliendo un rol social y de desarrollo que podría ponerse en riesgo en caso de que los intereses privados prevalezcan.
Según datos del Banco Central, en 2024 el BNA alcanzó un récord en asistencia financiera al superar los 15.000 millones de dólares destinados a la producción y las familias. Además, representó porcentajes significativos en los activos, pasivos, préstamos y depósitos totales del sistema financiero. También se destaca su liderazgo en comisiones más bajas para la intermediación financiera y tasas más favorables en créditos productivos.
La medida del gobierno ha generado preocupación entre los trabajadores y la Asociación Bancaria, quienes consideran que la conversión del Banco Nación en Sociedad Anónima busca descapitalizar la institución, endeudarla con obligaciones negociables y eventualmente privatizarla. Desde distintos sectores se cuestiona la lógica de vender una entidad que funciona de manera efectiva, a menos que el verdadero objetivo sea un negociado en beneficio de terceros.
El Banco Nación, considerado una ‘joya’ por el mercado, había sido excluido inicialmente de la lista de empresas públicas a privatizar debido a la masiva oposición obtenida en el Congreso. Sin embargo, el gobierno actual firmó un decreto para convertirlo en Sociedad Anónima, lo que se interpreta como un paso previo para volver a intentar su privatización.
Aunque se argumenta que la privatización busca disminuir el déficit y transparentar el gasto, los datos disponibles muestran que el BNA es una empresa superavitaria, creada con la función de financiar a la industria y las pymes, y jugar un rol central en el desarrollo económico a nivel nacional. Dejar su control en manos de intereses privados en un escenario de desregulación económica como el actual podría tener consecuencias negativas para las regiones más pequeñas y los barrios menos rentables.
Es importante destacar que, hasta el momento, el Estado Nacional mantendrá el 99,9% de las acciones del Banco Nación, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina poseerá el 0,1% restante. Sin embargo, la medida ha generado preocupación en los trabajadores y en su representación gremial, quienes afirman que es el botín más codiciado y temen que se termine privatizando en beneficio de intereses privados.
El Banco Nación brinda asistencia financiera a todas las regiones del país y desempeña un papel fundamental en el sector agroindustrial y en situaciones críticas. Además, sus números muestran un sólido desempeño en rentabilidad, eficiencia y participación de mercado. La privatización de esta entidad estratégica para el desarrollo nacional podría limitar el acceso a servicios financieros y perjudicar a los sectores productivos y a la economía real.
