Pese a las recomendaciones de la Contraloría General de la República sobre la incompatibilidad de contratos paralelos, las municipalidades continúan utilizando las corporaciones como vehículos para mantener favores políticos y sostener estructuras clientelares.
El reciente escándalo que involucra a Javier Fano Ruiz, jefe de gabinete del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), evidencia el deterioro de los principios republicanos en la administración pública. Con una remuneración mensual que supera los $5 millones -$2.401.285 por coordinar la agenda del alcalde y $2.740.480 como asesor legal de la administración municipal-, Fano se ha instalado en dos cargos sin contar con un título profesional y bajo un total manto de opacidad.
Este hecho, denunciado por la Fundación América Transparente, no es aislado, sino una expresión de un entramado perpetuado por vacíos normativos y una cultura política cómplice. La gravedad del caso radica no solo en el doble contrato, sino en la sistemática descomposición institucional en municipios. La crítica a este fenómeno trasciende la legalidad para adentrarse en una dimensión ética, resaltando que “la corrupción de los principios es más peligrosa que la transgresión de las leyes”, como advertía Kant.
La banalización del mal, según Hannah Arendt, se manifiesta en individuos protegidos por sistemas burocráticos, actuando sin considerar las consecuencias de sus acciones. La figura de Fano se asemeja más a un engranaje dentro de una maquinaria institucional cooptada que a una simple anomalía administrativa. Juan José Lyon, director de América Transparente, ha expresado que es inverosímil que quien coordina la agenda del alcalde pueda actuar simultáneamente como asesor legal sin un título de abogado, evidenciando un patrón de simulación laboral que vulnera normas de probidad.
Las corporaciones municipales han demostrado ser canal de irregularidades, como en el caso de Vitacura, donde se estructuraron redes de financiamiento político ilegal. Esta laxitud normativa se correlaciona con la instrumentalización política por parte de la UDI, recordando casos de figuras emblemáticas con vínculos a corrupción. El caso de Fano resalta una captura institucional donde el poder se reproduce a través del uso instrumental de las normas, subyugando la legalidad a la conveniencia política.
Pese a las recomendaciones de la Contraloría, la utilización de corporaciones para mantener favores políticos persiste. La falta de acción legislativa no solo es negligencia, sino complicidad activa en la reproducción del modelo. Como decía Luigi Ferrajoli, el derecho debe blindarse contra el poder arbitrario y no legitimarlo. Se requiere una transformación estructural del sistema para recuperar el carácter público, transparente y democrático de las municipalidades.
