Un nuevo capítulo se abre en el complejo expediente del caso ProCultura, donde se investigan presuntos actos de corrupción en la asignación de recursos estatales a la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín. Este escándalo, que ha captado la atención del Ministerio Público, se encuentra en manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Entre los elementos más reveladores de la investigación, destaca un chat grupal de WhatsApp denominado “La Convergencia Cristiana”. Este grupo reúne a personajes como el diputado del Frente Amplio (FA) Diego Ibáñez, Alberto Larraín, y otros funcionarios relacionados con ProCultura. Las filtraciones de este chat abren un abanico de interrogantes sobre el manejo y financiamiento de recursos públicos.
Las conversaciones iniciales en este grupo giran en torno a la financiación de la campaña del Apruebo de 2022, donde se discuten las deudas acumuladas y la falta de recursos, algo que se hace evidente a través de los mensajes. Por ejemplo, Pablo Durán, exjefe de campamentos del Ministerio de Vivienda, expresa su frustración sobre los limitados recursos disponibles para cubrir los gastos de trabajos voluntarios.
En un intercambio crudo, Diego Ibáñez reclama sobre la situación, diciendo: “Sale qliao” y enfatiza en la gran deuda por la campaña rechazada, mientras que Larraín no se contiene en reprochar a sus colegas sobre quién ha aportado más financiamiento a su partido político.
Esta conversación no solo revela un clima de desesperación por la falta de recursos, sino que también pone en tela de juicio la transparencia del manejo de fondos estatales destinados a iniciativas de progreso social.
Se espera que la investigación avance y aclare si hay responsabilidades que van más allá de meras conversaciones en un chat. Los ecos de este caso podrían resonar fuertemente en un contexto donde la confianza en las instituciones está más tensa que nunca.
