El Ministerio Público ha decidido tomar acción frente a Sebastián Balbontín, actual consejero regional y exalcalde de Limache, al abrir una investigación por presunto financiamiento irregular vinculado a la Fundación ProCultura. Esta medida se enmarca dentro de un análisis exhaustivo que revela la existencia de 126 transferencias, alcanzando un total de $53.442.000, realizadas desde la cuenta del director de la fundación, Alberto Larraín, pareja de Balbontín, hacia la cuenta del propio candidato.
Según los documentos de la Fiscalía, se hace referencia a transacciones sospechosas que podrían involucrar un uso indebido de recursos. Además, se ha detectado un pago de $4.175.000 a Catalina Rengifo, quien desempeñó funciones cruciales durante la campaña de Balbontín como encargada de redes sociales y brigadista. A la lista se suma un tercer aporte de Francisco Fuentes Araya, exdirector del circuito Lota Patrimonial, quien contribuyó con $3.399.872.
Estos movimientos financieros están presuntamente relacionados con un convenio de $248 millones entre ProCultura y las entidades públicas Serviu y Seremi de Vivienda de Valparaíso. Interesantemente, Balbontín tuvo un rol significativo en reuniones previas a este acuerdo, generando inquietudes respecto a la transparencia en las fuentes de financiamiento.
La Fiscalía motiva la justificación para las interceptaciones telefónicas al señalar que existe evidencia suficiente para indagar sobre un posible financiamiento irregular de campañas políticas, en especial aquellas pertenecientes al conglomerado del gobierno del Frente Amplio. La situación se complica aún más al destacar la cercanía de Balbontín con el Presidente Gabriel Boric, quien ha estado involucrado en actividades partidistas con los protagonistas de este caso.
La investigación avanza y se vislumbra la posibilidad de que se amplíe a otros participantes de ProCultura y la financiación de las campañas políticas del oficialismo.
