La reciente solicitud del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha encendido las alarmas en el aparato estatal chileno. A través de un documento de veintiseis páginas, se pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta la autorización para ‘pinchar’ el celular del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación por el caso ProCultura. Esta solicitud surge en medio de sospechas de financiamiento irregular de la campaña del actual mandatario.
Cooper detalló una serie de donaciones estatales que la ONG ProCultura, liderada por Alberto Larraín, recibió desde la llegada del Frente Amplio al poder. A pesar de estos señalamientos, la corte rechazó la petición citando que la relación personal entre Larraín y Boric no era causa suficiente para dudar de la integridad del Presidente.
Otro punto importante de la investigación involucra al gobernador Claudio Orrego, quien también enfrenta indagaciones por irregularidades relacionadas con convenios suscritos con la misma fundación. El monto relacionado, que supera los $1.6 mil millones, llama la atención y refuerza la necesidad de mayor escrutinio público.
La trama no se detiene ahí; el fiscal enumera posibles lazos entre Boric y la fundación, citando conversaciones interceptadas que sugieren actividades coordinadas entre el mandatario y Larraín, generando inquietud sobre la transparencia en el uso de recursos públicos. Este vínculo también se extiende a diversas regiones, aumentando la magnitud del escándalo.
En un contexto más amplio, el caso ProCultura ha resonado en las calles de Chile, especialmente tras el escándalo de Democracia Viva en Antofagasta. La investigación original, que buscaba irregularidades en la entrega de fondos a ONGs del área, se ha ramificado hacia una suspicaz red de conexiones entre estos grupos y el gobierno.
A pesar de los intentos de la fiscalía, la autorización para intervenir las comunicaciones de Boric fue desechada. Sin embargo, el caso sigue latente y podría alterar el curso político en el país.
