El fiscal Rodrigo Durán Fuica está en el centro de una polémica tras ser imputado por supuestamente utilizar plataformas exclusivas del Ministerio Público para consultar antecedentes de personas vinculadas al narcotráfico, quienes eran defendidos por su esposa, la abogada Andrea Romero Jara. Esta situación plantea serias cuestionamientos sobre la ética y la legalidad dentro del sistema judicial chileno.
Según informes, Durán usó tres veces sistemas internos para proporcionar datos reservados a su esposa. La primera de estas ocasiones ocurrió el 12 de agosto de 2022. En un intercambio de mensajes, Andrea solicitó a su esposo que verificara si ciertos traficantes de armas estaban detenidos. El fiscal le respondió que no lo estaban, información que podría haber favorecido la defensa de su cliente, el sicario venezolano Moisés Bastardo, vinculado a “Los Corbata”.
En otro episodio, el 28 de octubre de 2023, se reveló que Romero contactó a Durán para averiguar el estado de detención de dos mujeres apresadas en un operativo por tráfico de drogas. A pesar del evidente conflicto de interés, el fiscal no se inhabilitó, y su omisión no pasó desapercibida, atrayendo la atención de la fiscalía.
Las revelaciones no se detienen ahí, ya que los intercambios también muestran tensiones internas en la firma de Andrea, donde la caza de clientes se torna feroz, evidenciando una cultura de competencia poco ética entre colegas defensores.
Actualmente, Durán enfrenta una suspensión formal y ha recurrido a la justicia, alegando que la investigación es sesgada y viciada. La situación no solo cuestiona su futuro profesional, sino que también lanza una sombra sobre la integridad del sistema judicial en Chile.
