En julio de 2024, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó tres alternativas para enfrentar la crisis penitenciaria: limitar el envío de personas a prisión, acelerar la construcción de nuevas cárceles o promulgar una ley de indulto general. Sus declaraciones buscaban mitigar las críticas que el gobierno del presidente Gabriel Boric enfrentaba tras el anuncio de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, destinada a acoger principalmente a individuos vinculados al crimen organizado con módulos de alta y máxima seguridad.
A pesar de la intención del gobierno de iniciar la construcción en 2025, evidencias presentadas sugieren que los plazos serían mucho más extensos. De acuerdo con documentos de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), las obras tienen un inicio proyectado para 2027 y culminación para 2030. La licitación se publicará pronto en Mercado Público, con adjudicaciones esperadas durante 2026, lo que revela una discrepancia con los anuncios previos.
El costo total del proyecto asciende a 4.750.000 unidades de fomento, equivalentes a más de $185 mil millones, lo que corresponde a un periodo de concesión de 20 años. Esta construcción busca añadir 600 nuevas plazas en módulos de seguridad, además de mejorar la infraestructura existente.
Aunque el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirma que se están agilizando los procesos, la capacidad de convencer al Congreso de aprobar el proyecto de fast track penitenciario será crucial para cumplir con los plazos.
La controversia no se detiene ahí; la administración municipal de Santiago ha presentado acciones legales para frenar el proyecto, argumentando la oposición de la comunidad local, donde el 86% se manifiesta en contra de la construcción de esta nueva instalación. El despliegue de posturas entre el gobierno y la municipalidad refleja un panorama complejo en la gestión de la crisis penitenciaria.
