No es la primera vez que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se enfrenta a la lupa de la Contraloría General de la República. Recientemente, se han revelado anomalías en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que han encendido las alarmas en el ámbito fiscal.
Según el último informe de la Contraloría, estas irregularidades son de tal magnitud y reiteración que no sólo representan un detrimento patrimonial significativo, sino que también podrían acarrear responsabilidades funcionales. De hecho, los antecedentes ya han sido enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para su revisión.
El informe destaca que se han detectado un total de 24 resoluciones exentas relacionadas con el cobro de multas por incumplimientos contractuales de nueve prestadores de servicio. A pesar de las diligencias realizadas por Junaeb, estas multas, que superan los 9 mil millones de pesos, aún permanecen sin ser saldadas. Esto plantea serias dudas sobre la gestión y la transparencia en el uso de recursos públicos asignados a la educación.
Las irregularidades en la Junaeb no son un asunto menor y requieren de una respuesta contundente para garantizar la correcta administración de los fondos destinados a la alimentación escolar de miles de estudiantes en el país. La cuestión que se plantea es: ¿cuántas más están por descubrirse?
