El controversial proyecto portuario minero Dominga se encuentra en medio de un nuevo enfrentamiento legal. El gobierno de Chile ha presentado un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), desafiando la resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, que había ordenado el 17 de febrero a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre el proyecto.
Según el Ejecutivo, esta acción es fundamental para resguardar las atribuciones del Comité de Ministros. El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, expuso que buscan reafirmar que el SEA carece de las facultades necesarias para modificar decisiones del organismo colegiado, argumentando que el SEA opera exclusivamente en un ámbito ejecutivo.
La ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, agregó que el fallo del 1TA invadiría competencias que corresponden exclusivamente al Comité de Ministros, razón por la cual el TC debe decidir sobre la interpretación correcta de estas atribuciones. Esta postura enfatiza el deseo del gobierno por clarificar los límites operativos de cada entidad involucrada.
Por su parte, el 1TA defendió su pronunciamiento, realizando una nueva resolución el 11 de marzo en la que afirma que el Comité de Ministros ya agotó sus facultades respecto a este caso. La defensa del Comité mostró desconfianza hacia la acción presentada por el Ejecutivo, sugiriendo que podría ser una maniobra dilatoria, indicando que no hay un verdadero conflicto de competencias.
Andes Iron, la empresa detrás del proyecto, reprochó la decisión del gobierno de acudir al TC, argumentando que busca cumplir integralmente con la sentencia del 9 de diciembre de 2024. Enfatizó que ha solicitado al SEA que modifique su estatus a aprobado, ya que actualmente posee el permiso ambiental mientras la controversia legal persiste.
