Una reciente investigación ha puesto al descubierto presuntas irregularidades en la administración del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, específicamente en la contratación del servicio de transporte escolar. Los hallazgos, que ya han sido enviados a la Contraloría, indican una serie de prácticas que amenazan con vulnerar los principios de transparencia, libre competencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
Entre los datos más alarmantes, se destaca que desde el 20 de mayo de 2022 hasta el 25 de noviembre de 2024, el SLEP Atacama ha realizado un total de 80 órdenes de compra por un monto que supera los $2.289 millones de pesos, favoreciendo a la empresa Transportes Global Pro SPA, representada por Edwards Sierra Veragua. Alarmantemente, solo en los primeros meses de 2025, este gasto ya alcanzó los $350 millones de pesos. Las denuncias también apuntan a pagos sin respaldo adecuado, uso abusivo del mecanismo de “Trato Directo”, irregularidades en los procesos de licitación y deudas previsionales con los trabajadores.
En respuesta a estas acusaciones, el SLEP Atacama emitió una declaración pública donde reafirma su compromiso con la probidad y la transparencia, argumentando que las acciones reportadas corresponden a administraciones anteriores, abarcando desde 2022 hasta 2024. La nueva gestión sostiene que todos los procesos de contratación y pagos se realizan a través de las plataformas oficiales como el Mercado Público y la Tesorería General de la República, mostrando disposición para colaborar con cualquier investigación o auditoría que se genere a partir de estos hallazgos.