Hoy se cumple un año desde el brutal secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Independencia, un hecho que expone las flaquezas del sistema frente al crimen organizado. Su trágica muerte no solo dejó a muchos consternados, sino que también abrió un nuevo debate sobre la seguridad de los refugiados políticos en Chile, especialmente en medio de la creciente influencia del régimen venezolano.
La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur, ha desenmascarado una presunta colaboración del régimen chavista, identificando hasta 24 personas detenidas y otras 16 involucradas que podrían estar en Venezuela, incluyendo al temido Alexander Granko, apodado el ‘torturador de Maduro’. Mientras el Ejecutivo enfrenta críticas por no proteger a Ojeda, solo una persona ha sido condenada tras casi un año de investigación. Sin duda, este caso disparará más interrogantes sobre la relación entre crimen y política.
